Antonio Guerrero Aguilar/
En el informe de Simón de
Herrera y Leyva del 27 de julio de 1801 al Intendente de las Provincias de
Oriente en San Luis Potosí, señala la existencia de sólo dos
ayuntamientos, el de Monterrey y el de Linares. Los de Cadereyta y Cerralvo
desaparecieron temporalmente, seguramente por problemas económicos. Monterrey por ejemplo, no tenía los 12
regidores de ley “por no ser de utilidad
alguna, ni tener la ciudad fondos de dónde se les asignara sueldo. Sólo tiene
dos plazas, que son la de alférez real y alguacil mayor, habilitadas en forma y
con títulos por Su Majestad.”
Para 1803, el Nuevo Reino de León contaba con apenas
43, 739 habitantes. De los cuales, mil se dedicaban a la minería, 520 a
la arriería, 200 a la carretería, 200 a la agricultura, 3, 084 eran pastores y 210 servían en diversos ramos
de la industria. Las autoridades reconocían la potencialidad de muchos ramos
de industria que podrían establecerse,
pero por falta de dinero y por los pocos sujetos pudientes que hay, todo se
queda sin efecto. Indudablemente que la Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora
de Monterrey era un pueblo pobre y pequeño, en comparación con otras ciudades
del virreinato tan importantes como la ciudad de México, Guadalajara, Puebla,
Zacatecas o el mismo Saltillo que comenzaba a repuntar. Ciertamente la región
prometía algo, prueba de ello es el establecimiento de la diócesis del Nuevo Reino
de León en 1777, cuyo obispo titular era
Primo Feliciano Marín de Porras quien estuvo entre 1803 y 1815.
En 1808, las tropas napoleónicas invadieron la península
ibérica, sometiendo a los monarcas españoles como portugueses. Como una forma
de rechazo a la imposición de las nuevas autoridades, convocaron a una junta
legislativa, cuyos trabajos iniciaron el 24 de septiembre de 1810 en San
Fernando, para después trasladarse a Cádiz en donde promulgaron una
constitución el 19 de marzo de 1812. Las Cortes de Cádiz conformaron un cuerpo
legislativo de carácter liberal, capaz de proponer un nuevo orden social en la
España de Carlos IV y Fernando VII. Para integrarla fueron convocados
representantes de todas las colonias, provincias y virreinatos. Siempre se ha
difundido el papel preponderante de don Miguel Ramos Arizpe, quien acudió en
representación de la provincia de Coahuila o Nueva Extremadura. Por lo tanto se
le reconoce como toda una figura de talla regional y nacional por los aportes
que realizó. De pronto surge la interrogante: ¿quién acudió por el Nuevo Reino
de León? Tenemos referencias de que hubo un decreto del 14 de febrero de 1810,
convocando la selección de un diputado representante a las Cortes de Cádiz.
El cabildo de la ciudad de Monterrey eligió el 19 de
junio de 1810 al padre Juan José de la Garza y de la Garza como diputado por el
Nuevo Reino de León. Es poco lo que se sabe del sacerdote. La información
existente se la debemos al padre José Antonio Portillo, quien lo hace párroco en San Gregorio de Cerralvo entre
1784 y 1788. Cura interino y juez eclesiástico del Valle del Guajuco entre
marzo de 1793 hasta septiembre de 1796. En éste año recibió el título de
maestro de teología escolástica en el Seminario de Monterrey. Luego lo vemos
como teniente de cura de Monterrey entre
1799 y 1800, finalmente cura de la parroquia de Monterrey en 1800, notario
revisor en 1805, licenciado (1802) y doctor en teología por la Universidad de
Guadalajara, canónigo doctoral del cabildo de la catedral en 1807 y finalmente
diputado a las Cortes de Cádiz entre 1811 y 1812.
No se sabe el lugar de nacimiento. Ni los nombres de la terna que conformó para su elección y la fecha de la misma. Incluso hasta su nombre no aparece como legislador en las
Cortes. Me dice Sergio Reséndiz Boone, historiador de Coahuila que su nombre se
diluye en el tiempo, pues muchos de los representantes por alguna circunstancia
no alcanzaron a llegar a cumplir con su encargo. Efectivamente, en septiembre
de 1810 se desató una epidemia de fiebre amarilla que afectó a 60 diputados y
provocó la muerte de 15 de ellos, entre los que figura el representante de
Sinaloa y Sonora.
A principios del siglo XIX, el Nuevo Reino de León
contaba solo con una ciudad, la de Monterrey, varias villas con sus respectivos cabildos,
Cerralvo, Cadereyta, Linares, San Miguel de Aguayo, Guadalupe, Hualahuises y
Marín. Gracias a las leyes de Cádiz, se estableció que los pueblos con más de
mil habitantes, pudieran constituirse en municipios gobernados por un alcalde y
su respectivo cabildo. Aprovechando la coyuntura, Agualeguas, Boca de Leones
(Villaldama), Lampazos, Santiago del Guajuco, Vallecillo, Salinas, Sabinas,
China, Pueblito o Cañón de Guadalupe (Hidalgo), Santa Catarina, Pilón
(Montemorelos), Mota (General Terán), Pesquería Grande (García) y Río Blanco
(Aramberri) solicitaron su deseo de conformar su cabildo y ser consideradas
villas. Igualmente, se abrió la posibilidad para la creación de diputaciones
provinciales, base de la conformación de los estados.
Independientemente de su obra y las repercusiones que
tuvo en comparación con otros constituyentes de Cádiz, debemos recuperar y
honrar la figura del padre Juan José de la Garza, el representante nuevoleonés
que partió rumbo a Cádiz.
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